Criminología vial y balizas V16: cuando legislar con prisa genera nuevos riesgos
La entrada en vigor de la obligatoriedad de las balizas V16 conectadas a partir del 1 de enero de 2026 se ha presentado como un avance incuestionable en materia de seguridad vial. La sustitución de los triángulos de preseñalización por un dispositivo luminoso y geolocalizado pretende reducir atropellos, mejorar la visibilidad de los vehículos detenidos y optimizar la gestión del tráfico y de las emergencias.
Sin embargo, desde la criminología vial, esta medida plantea una cuestión de fondo que va más allá de la tecnología: ¿qué ocurre cuando una norma se aprueba sin una reflexión suficientemente profunda sobre sus efectos secundarios y sus potenciales usos desviados? Es aquí donde cobra pleno sentido el viejo refrán: “vísteme despacio que tengo prisa”.
La baliza V16 no es solo un dispositivo: es un generador de información sensible
La baliza V16 no se limita a emitir una señal luminosa. Al activarse, transmite la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0, y esa información se refleja en mapas oficiales de incidencias publicados por la propia Dirección General de Tráfico. Este punto es clave y conviene subrayarlo con claridad:
la localización de los vehículos averiados es un dato público en origen, no únicamente por la existencia de aplicaciones o mapas privados que lo reproduzcan.
Los mapas de terceros, a menudo señalados como el problema, no crean la vulnerabilidad, sino que la amplifican y la hacen más visible. El núcleo del debate está en la decisión institucional de hacer pública, detallada y georreferenciada una situación de vulnerabilidad, como es un vehículo detenido en arcén.
De la seguridad vial al riesgo criminógeno
Desde una perspectiva criminológica, un vehículo inmovilizado no es solo una incidencia de tráfico: es un objetivo potencial. La publicación en tiempo real de su ubicación exacta facilita que determinados actores —legítimos o no— puedan acudir al lugar con rapidez.
Aquí emerge con fuerza el fenómeno de las grúas pirata, operadores no autorizados que ya existían antes de la baliza V16, pero que ahora encuentran un entorno mucho más favorable para actuar. Gracias a la información pública de localización, pueden adelantarse a los servicios oficiales o a las aseguradoras, presentarse ante conductores en situación de estrés y vulnerabilidad, y ofrecer servicios que derivan en cobros abusivos, engaños o conflictos posteriores.
El problema, por tanto, no es que alguien “use mal” los datos, sino que el sistema no discrimina entre destinatarios legítimos e ilegítimos. La criminología vial advierte desde hace años que la visibilidad indiscriminada de la vulnerabilidad es, en sí misma, un factor criminógeno.
Legislación sin evaluación preventiva suficiente
El caso de las balizas V16 ilustra un patrón recurrente en políticas públicas de tráfico:
la urgencia por implantar una solución tecnológica precede a una evaluación rigurosa de sus efectos colaterales.
Entre las carencias más evidentes destacan:
- Ausencia de una evaluación criminológica previa, que analizara cómo la publicación de datos de localización podía ser explotada por mercados informales o actores oportunistas.
- Falta de graduación en el acceso a la información, sin distinguir entre lo que deben conocer los servicios de emergencia y lo que se ofrece al público general.
- Confianza excesiva en la finalidad preventiva declarada, sin considerar que la conducta humana —y delictiva— se adapta rápidamente a los nuevos entornos tecnológicos.
Legislar sin este análisis equivale a confundir seguridad con mera innovación técnica.
“Vísteme despacio que tengo prisa”: una lección para la política vial
El refrán resume con precisión el error de fondo. En seguridad vial, la prisa por modernizar no puede sustituir a la meditación, la verificación empírica y la anticipación de riesgos. Vestir despacio no significa no actuar, sino actuar con conocimiento, entendiendo que cada nueva norma reconfigura comportamientos, incentivos y oportunidades, incluidas las delictivas.
La baliza V16 puede ser una herramienta útil, pero su implantación demuestra que una legislación apresurada puede crear problemas distintos a los que pretende resolver. La criminología vial no se opone a la tecnología; exige que esta se integre en un marco normativo que minimice la exposición de los usuarios y reduzca las oportunidades de abuso.
Porque, al final, proteger la vida en la carretera no consiste solo en ver antes un vehículo detenido, sino en garantizar que quien se detiene no quede, además, innecesariamente expuesto.
